Embargos para las cuentas corrientes y libretas de ahorros, sin intervención judicial y hasta 20.000 euros, amparándose en la ley del procedimiento administrativo que contempla el uso electrónico y telemático para el desarrollo de las competencias entre la administración y los ciudadanos.

Una norma que atenta sin lugar a dudas contra la libertad y la protección de los ciudadanos, una norma que puede poner en aprietos serios de viabilidad a familias y empresas, una norma de la que aún se desconoce su constitucionalidad y una norma que se aplica en la dirección de perjudicar al ciudadano.

La libre interpretación de las leyes y las normas que se está adoptando en este país es cuando menos preocupante.

Esta bien, admitamos que la norma es declarada constitucional y que hacienda puede embargar las cuentas de los ciudadanos que le deban dinero sin intervención ni evaluación judicial hasta 20.000 euros.

¿No debiera ser lo mismo al revés, es decir las deudas que mantiene hacienda con organismos, familias o empresas, no debieran tener esas familias, empresas y organismos las mismas prerrogativas para embargar a hacienda?

La respuesta es no, cuando hacienda es deudora no se contemplan este tipo de medidas.

Recordemos que la agencia tributaria mantiene una deuda desde los años 90 con la Diputación de Álava por más de 500 millones de euros. Y sin embargo hacienda ha anunciado que no va a pagar nada de la deuda mientras no exista una sentencia judicial.

¿Por qué hacienda necesita una sentencia judicial que le obligue a pagar su deuda y los ciudadanos no pueden tener el derecho de exponerse a la evaluación judicial antes de que hacienda meta la mano en sus cuentas corrientes y retiren todos los fondos existentes con total impunidad?

Recibe todas las noticias, información exclusiva, trucos y novedades de BlogEconomista directamente en tu

eMail

Artículo de jorge